Clausura de oficinas de Moviparq no anula parquímetros en Pachuca

Altavozmx

El ex regidor de Pachuca por Morena, Navor Rojas Mancera, informó que desde un inicio a la empresa no se le exigió la licencia de funcionamiento bajo la gestión del priista, Eleazar García Sánchez

La clausura de las oficinas de la empresa Comuni Park S.A. de C.V. (Moviparq) en la ciudad de Pachuca, así como la suspensión del cobro de parquímetros en diversas zonas de la capital de Hidalgo, no significa un avance en el retiro total de estos cajones de estacionamiento, ni mucho menos la anulación del contrato celebrado desde el mes de octubre del 2015, aseveró el ex regidor de Morena, Navor Rojas Mancera. De acuerdo con el otrora asambleísta del partido guinda, la empresa Moviparq, que tiene bajo su cargo la operación de los parquímetros, no requiere de una licencia de funcionamiento para operar las máquinas “tragamonedas” instaladas en la vía pública, sino únicamente para la operación de sus oficinas; sin embargo, desde que se celebró el contrato con ellos hace poco más de cinco años, durante la administración del ex presidente emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Eleazar García Sánchez, no se le exigió a la misma contar con la placa o licencia de funcionamiento pertinente.

Fue hasta el 2017 cuando en una sesión pública de Cabildo se exhibió la carencia de este documento que le permite operar a Moviparq dentro de la capital de Hidalgo, denuncia que emitió el mismo Rojas Mancera ante el órgano colegiado. “Se declaró en tribuna que cuando revisamos este tema de los parquímetros en la anterior administración (encabezada por la emanada del Acción Nacional, Yolanda Tellería Beltrán) que nos dimos cuenta que durante la gestión de Eleazar García no se le cobró, ni emitió una placa o licencia de funcionamiento a la empresa para sus oficinas, tuvieron que tramitarla en el 2017, cuando estábamos en funciones nosotros”, aseguró

De igual forma aclaró que dicho documento permite operar a las oficinas, más no así a los parquímetros, pues desde el mismo contrato, celebrado entre la empresa Moviparq y la administración municipal 2012-2016, permite que los cajones de estacionamiento y máquinas de cobro operen sin la necesidad de una licencia adicional, por lo que únicamente debían renovar el permiso de sus oficinas a más tardar en el 2020. Lo anterior debido a que en el 2017, cuando se expidió por primera ocasión este documento la Ley establecía que tendría una vigencia de dos años, es decir al 2019; posteriormente se modificó la legislación, en enero de 2020, para que tuviera vigencia de un año, por lo cual debió renovar esta licencia a finales del 2019 y posteriormente a finales del 2020; además de contar con un plazo de 15 días para subsanar la omisión de este trámite en caso de que se clausure el negocio. Rojas Mancera aseveró que el punto central de la demanda que presentó y que incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la violación a la norma constitucional sobre el arrendamiento de los espacios públicos, mismos que no pueden ser dados en renta, ni tampoco concesionar, por ello la misma norma municipal, en el caso especifico del área de Reglamentos y Espectáculos, no puede otorgar una licencia de funcionamiento para estas máquinas y estos parquímetros, ya que es ilegal su instalación en la vía pública. “Hay dos cosas que debemos establecer, no hay placa de funcionamiento para las tragamonedas, porque repito en base a ese argumento no se puede emitir este documento para arrendar espacios públicos, no se pueden arrendar por eso no hay en ningún reglamento lineamientos para su operación; eso da validez a la demanda que presenté en su momento, el mismo reglamento no dice que se puede otorgar una licencia a un espacio arrendado públicamente, por ello no tienen razón de ser los parquímetros en la vía pública

“Sí se tenia la placa de funcionamiento de sus oficinas, esta presidencia municipal, (encabezada por el priista Sergio Baños Rubio) no se va a meter en una bronca teniendo en cuenta de que la empresa pueda ir al Tribunal de Justicia Administrativa, ya que de acuerdo al reglamento y con la clausura de las oficinas, lo parquímetros no se tienen que clausurar, simplemente no funcionan porque ya clausuraron las oficinas de la empresa y no tendrían por qué funcionar en el plazo que se regularizan”, explicó.  Las deudas y las modificaciones del contrato abusivo El regidor de Morena, Navor Rojas, reconoció que sí existe un monto que no fue entregado por parte de empresa Moviparq al municipio por concepto de multas impuestas por el uso de parquímetros, aunque desconoce la cifra final, pues se ha modificado en más de una ocasión el porcentaje que recibía el ayuntamiento de parte de la empresa, por lo que no existe certeza de que el adeudo ascienda a más de cuatro millones de pesos como afirmó el presidente municipal, Sergio Baños Rubio, en entrevista para Milenio. Recordó el ex asambleísta del partido guinda que en un inicio el contrato signado con la empresa por parte del ex presidente Eleazar García Sánchez, únicamente contempló entregar al ayuntamiento el 10 por ciento de los recursos totales percibidos por la empresa por el uso de estos parquímetros, mientras retenía el 90 por ciento de los mismos; en tanto por cada multa aplicada el municipio de Pachuca únicamente percibía un monto de 30 pesos, mientras la empresa conservó el resto, es decir de una sanción a un conductor de 246.44 pesos, monto mínimo de acuerdo al reglamento, el municipio recibió 30 pesos y la empresa 216.44 pesos.  Con la gestión de la panista Yolanda Tellería Beltrán, donde fungió Rojas Mancera como regidor, se logró elevar la participación entregada al ayuntamiento, con un 40 por ciento del monto total percibido por el uso de estos parquímetros, mientras que la empresa conservó el 60 por ciento; así como la división en el recurso obtenido por concepto de multas, entregando al ayuntamiento el 60 por ciento de la sanción y sólo el 40 para la empresa; tomando en cuenta el monto de sanción mínimo, 246.44 pesos, es decir 147. 86 pesos para el municipio y sólo 98.56 pesos a la empresa.   Pese a esto una vez que la gestión 2016-2020 abandonó el cargo, el Concejo Municipal Interino negoció con la empresa Comuni Park estos porcentajes, incrementó la cantidad que percibe el municipio por el uso de los cajones de estacionamiento a un 45 por ciento, pero redujo el porcentaje que recibe por monto de multas al 40 por ciento, es decir 20 por ciento menos, por lo cual no se tiene certeza de la cifra que deben recibir por estas sanciones.